La apertura comercial de Chile hacia distintos mercados y el reconocimiento internacional sobre su institucionalidad han traído incuestionables beneficios, especialmente para el posicionamiento de su agricultura. Acciones definidas décadas atrás y la colaboración público-privada dieron a la industria frutícola un nivel de competitividad que no puede dilapidarse.
Sin embargo, estamos comprobando cómo se estrechan las ventanas comerciales de nuestra fruta, ya que las nuevas tecnologías permiten a los países de destino de nuestras exportaciones mantener por más tiempo fruta local almacenada. A ello se agrega la irrupción de nuevos actores, capaces de proveer contemporáneamente frutas similares a las que nosotros producimos. Por ello resulta clave redoblar nuestros esfuerzos y preocuparnos de los aspectos que nos permitan mantenernos competitivos.
Dentro de ellos, un factor relevante es la producción de fruta de las variedades que los supermercados desean. Debemos estar en sintonía con los creadores de esas variedades y quienes las administran. Ello significa actuar y ser reconocidos como una industria madura y respetuosa de la propiedad intelectual, tema aún pendiente y que requerimos abordar con decisión. Sin la protección real de la propiedad intelectual se desincentiva también la investigación y la aún incipiente pero exitosa actividad de creación de variedades locales seleccionadas según nuestras condiciones climáticas y geográficas y las necesidades comerciales.
Frente a esto, se requiere reimpulsar la colaboración público-privada, en la que se complemente una legislación actualizada sobre propiedad intelectual, alineada con los convenios y acuerdos comerciales internacionales que Chile ha firmado. También es fundamental que la industria muestre una cultura de respeto a esta, para así ser vistos como un país confiable, serio y atractivo.
Luis Fernández M., gerente general de ANA Chile